Luego de un intenso año para la oposición en la que se vio fracturada por diferencias internas o radicalismos extremos, a término del último mes del 2018 convergió una propuesta que fue presentada, ayer, en el Teatro Chacao para dar cabida a una solución que establezca mecanismos de recuperación del país con el apoyo de expertos, sindicatos, gremios y partidos.
Esta agenda, que surgió de las mesas de trabajo del Frente Amplio Venezuela Libre, hace énfasis en atender la crisis humanitaria, políticas el tema energético y Parlamento. No obstante, a un total de 42 consensos se llegó en el área económica; apuntando a la estabilización macroeconómica y el estímulo a los sectores productivos.
“Para enero será presentada la segunda parte que comprenderá cuatro áreas más: seguridad y soberanía territorial; abastecimiento y seguridad alimentaria; servicios públicos; y justicia, instituciones y democracia”, expresó Gerardo Blyde, quien fue alcalde de Baruta.
Igualmente recalcó que “queremos no solo tener las ideas correctas, sino el más amplio consenso nacional alrededor de una ruta compartida. Todos los sectores que hoy respaldan esta propuesta están abiertos a la sana crítica y a los aportes de los otros sectores del país que quieran formularla”.
Resaltó que otro punto álgido de este pacto es que tiene el compromiso de todos los sectores políticos representados en la Asamblea Nacional (AN) para “comenzar desde ya a construir el andamiaje legal e institucional con una agenda legislativa fuerte”.
El plan de emergencia humanitaria llevaría tres etapas en el que se plantea asistir por medio de transferencias directas al 31,8% de los hogares del país, resaltó la diputada Manuela Bolívar, de Voluntad Popular (VP). “El primer objetivo es generar el sistema de compensación de los alimentos, (…) El 94% de la población venezolana no tiene la posibilidad de pagar los elementos esenciales para poder alimentarnos”, mencionó.
Por otra parte el diputado de la AN, Ángel Alvarado, subrayó las reformas estructurales y la eliminación de políticas de control social en el área económica, y específicamente en la ejecución del gasto público, “se realizará de manera compatible con la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, eliminando políticas clientelares y de control social”, dijo Alvarado.
“Las empresas del Estado serán reestructuradas, explorándose mecanismos de transferencia de activos al sector privado. Se promoverá un cronograma de ajustes de precios de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos (…). Se restablecerá la autonomía, la independencia y la capacidad del BCV”, añadió.
Seguidamente, en el plano económico, los expertos apostaron por un financiamiento externo para cumplir con la recuperación y frenar la ola de corrupción en las empresas para activar la producción. El diputado por Primero Justicia (PJ), José Guerra, aseguró que “el financiamiento internacional será sano y estará respaldado”. Sobre el gasto público, explicó que debe expandirse con dinero orgánico que no genere hiperinflación.
Además, indicó que es necesario tener un banco central autónomo, “porque este organismo no es de desarrollo, sino un ente para cuidar la moneda. También debe anclarse el bolívar al dólar”, recomendó.
Por su parte, el economista Alejandro Grisanti advirtió que “nos vamos a tardar 10 y 12 años para recuperar la producción petrolera y por eso debemos tocar las puertas en organismos multilaterales”. Señaló que la medida más perversa es el control cambiario, que refiere a lo que es “un subsidio a los importadores amigos del Gobierno, esto lo que termina es destruyendo al productor nacional”, sentenció.
Igualmente, para abordar el tema de hidrocarburos, dirigente Yon Goicochea de VP, reveló que el plan estableció una reestructuración de Pdvsa, maximizar la producción petrolera y que los yacimientos serán de los venezolanos.
El experto petrolero José Toro Hardy explicó que Venezuela requiere invertir durante siete años 25 millardos dólares anuales para recuperar la producción petrolera de 3.5 millones de barriles diarios, de forma que en el primer año se puede aumentar a 400 mil barriles diarios la producción. “Necesitamos un cambio de políticas públicas, petroleras, y ninguno es posible si no se produce un cambio del modelo político”, agregó.
Finalmente, lo próximos pasos en la agenda legislativa determinaron que es necesario adecuar la legislación para aplicar el “Plan País”, por lo que el diputado Antonio Ecarri, por Acción Democrática (AD), fijó que el documento presentado con el acuerdo en tres materias tiene el propósito de sustituir el modelo centralizado por uno sustentado en la producción y el progreso.
“Leyes que promueven la expropiación serán derogadas y se creará una ley de retorno para la facilitar el regreso de los jóvenes al país (…) Es necesario promover políticas para el estímulo de la producción y deben desmontarse los controles políticos y económicos desde la AN”, finalizó.
Con esta hoja de ruta se busca la unificación de los sectores de oposición para una recuperación del país a partir del plan con el que prevén trabajar con “profundidad política” las propuestas. A este acto acudió el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, con representación de España, Países Bajos, Perú, Argentina, Estados Unidos, México, Brasil y Canadá.
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