Tiene acá una trampa montada con la excusa del protocolo de bioseguridad”, dijo Douglas Madera Buscarini, futbolista y empresario, que reside en Italia desde hace tres años y llegó el pasado viernes procedente de Brasil, donde estuvo por negocios ligados al mundo deportivo.
En Puerto Ordaz, la Fundación Armonía, conocida en la zona como Mundo de Sonrisas, el refugio dispuesto por el gobierno de Nicolás Maduro, acoge a 150 personas, que en estos momentos están atrapadas a la espera de cumplir su tiempo de cuarentena por la pandemia de coronavirus.
El retorno a Venezuela se ha convertido en un calvario para quienes lo hacen por tierra desde Brasil, ingresando legalmente por Santa Elena de Uairén.
La Fundación Armonía depende de la Gobernación de Bolívar. Brinda atención a los adultos mayores. Las condiciones en las que están los viajeros en nada son envidiables. Distan mucho de ser ni siquiera tolerables.
Habitaciones con literas, donde se agrupan hasta ocho personas sin ningún control ni protocolo sanitario; baños con filtraciones y fugas de agua, pocetas que no funcionan y mal olor; se come con las manos o improvisando tenedores y cucharas con los platos plásticos que les dan. La comida principalmente es pasta y sardina, y algunos días arepas.
Las personas tienen prohibición de salir y tampoco se puede comprar nada fuera. Pasan las horas en los espacios abiertos, pero sin mantener la distancia social. Por ninguna parte se ve un dispensador de gel alcoholado. La supervisión está a cargo de militares armados.
“En la Fundación Armonía no tenemos las mínimas condiciones de salubridad para albergar seres humanos, mucho menos para un protocolo de prevención del coronavirus”, afirmó.
Madera llegó el viernes a las 5:00 pm a la frontera entre Venezuela y Brasil. Minutos después le hicieron una prueba PCR que salió negativa. “A la mañana siguiente viajamos en autobús a Puerto Ordaz y nos aseguraron que al llegar nos harían otra prueba, que si salía negativa podríamos salir en el transcurso del día”, explicó.
El viaje les costó 30 dólares, a pesar de que el autobús era propiedad del gobierno, indicó.
El Nacional
