En medio de hermetismo y amedrentamiento laboral, CVG Venalum inició a mediados de julio el desmantelamiento de 360 celdas electrolíticas P-19 en el complejo II de su planta. En redes sociales se publicaron videos e imágenes pertenecientes a las supuestas estructuras picadas, que más allá de estar inoperativas, estaban en capacidad de ser reactivadas para la producción de aluminio primario, según afirman los técnicos y trabajadores de la estatal.
El desarme se hizo con la aprobación de un punto de cuenta firmado en febrero por el entonces ministro de Industrias, Tareck El Aissami y el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Pedro Maldonado.
Pero en abril, la consultoría jurídica de la estatal objetó los fundamentos legales y técnicos argumentados para justificar el desarme, opinión que, a pesar de no ser vinculante, insistía en que la medida incumplía parámetros de ley.
La consultoría apuntó que los anillos y puentes de las celdas electrolíticas no eran adquiridos para su venta -como sí lo es el aluminio primario- y que por, al contrario, son componentes de la unidad de producción y forman parte del sistema de producción de aluminio.
Además, citaron el artículo 5 numeral 1 de la ley de Orgánica de Bienes Públicos, que establece como un bien público: “Los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos, de dominio público o de dominio privado, que hayan adquirido o adquieran los órganos y entes que conforman el Sector Público, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan”, para cuestionar la medida.
“Pretender catalogar una parte (puentes y anillos), componentes de ese sistema, como no pertenecientes a lo que define la ley como bienes públicos, en nuestra concepción, es errado”, añadió la consultoría en su informe.
Es decir, que los argumentos para el desarme de las celdas a nivel técnico y jurídico no eran aplicables al caso, por lo que su ejecución es sancionable, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, pese a la negativa del gerente de planta y el consultor jurídico, el resultado es más de 40 celdas P-19 convertidas en chatarra de aluminio. Aunque posteriormente el desarme se paralizó, estas estructuras quedaron inservibles y con un costo de reactivación muchísimo más alto del que tenían inoperativas.
La norma
La Normativa Aplicable a los Órganos y Entes del Sector Público Nacional Sobre las Modalidades de Enajenación y Desincorporación de Bienes Públicos establece al menos 7 requisitos para la desincorporación de un bien público.
Entre los requisitos que se necesitan, está un documento original de la solicitud de autorización para la desincorporación, con exposición de motivos e identificación exacta de los bienes.
Correo del Caroní
