La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, afirmó que la aplicación del Impuesto a las Grandes Transacciones ha generado inconvenientes en 75% de las empresas del país.
Durante una rueda de prensa ofrecida en la tarde de este viernes, la representante de la institución detalló que dichas empresas afirman que no están en capacidad de recibir pagos en divisas por no poder ajustar sus sistemas a esta nueva medida.
Asimismo, aseguró que para aplicar el gravamen se requiere una actualización de las máquinas fiscales. No obstante, muchos de estos dispositivos no admiten el ajuste, por lo que se requiere acudir a un cambio de la máquina, cuyos precios se encuentran entre los 600 y 1.000 dólares por unidad.
«Nos preocupa altamente que en la formulación y discusión de este impuesto tan conflictivo no haya habido una consulta», aseveró Polesel al tiempo que indicó que el día previo las principales cámaras y organismos empresariales del país fueron convocadas a un “taller” en el Ministerio de Finanzas, donde «explicaron que las medidas del Ejecutivo apuntan a fortalecer la producción nacional y, por ende, al incremento de la formalidad en la economía».
Ante los motivos expuestos los presentes solicitaron una prórroga a la imposición del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, petición que fue ignorada por los miembros del órgano ministerial.
«No estamos en capacidad para aplicar este tributo (…) nosotros queremos cumplir con la ley. No nos sirve que nos digan que se flexibilizarán las fiscalizaciones; es por ello que solicitamos la prórroga, porque no podemos cumplir con el dictamen», manifestó.
“Toma ilícita de la renta”
«Expertos en materia tributaria han expresado que este gravamen es una toma ilícita de la renta de los factores de la producción por lo que no puede atribuírsele el tratamiento de impuesto; además, de no estar anclado en la renta. No toma en consideración la capacidad económica del contribuyente sino un medio de pago», precisó Polesel.
Igualmente, sostuvo que la medida lesiona los derechos del trabajador e incumple las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), específicamente, el Convenio 144, donde alerta que aquella legislación que afecta el funcionamiento empresarial como fuente de empleo en el país, debe ser consultada.
«Afecta el flujo de caja de las empresas y se ha convertido en un supuesto de múltiple imposición», añadió.
Finalmente, Polesel enfatizó que la consulta realizada a los agremiados de Consecomercio, reflejó que el 75% no ha efectuado ninguna transacción, frente a las dudas generadas por la desinformación y prontitud de la medida; mientras que un 25% aseguró haberla aplicado parcialmente. Sin embargo, aseguró que la mayoría pertenecen al sector de los pequeños comercios.
El Universal
