Estados Unidos ha endurecido las sanciones contra Nicaragua, por lo que ha impuesto restricciones de viaje en contra de más de 500 personas, mientras que también ha identificado al sector del oro como el responsable de “financiar las actividades autoritarias y desestabilizadoras” del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de estas personas que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.
En concreto, la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Joe Biden, contempla, por ejemplo, en una de sus subsecciones las restricciones contra entidades o individuos por “operar o haber operado en el sector del oro de la economía nicaragüense”.
“Los continuos ataques del régimen de Ortega-Murillo contra actores democráticos y miembros de la sociedad civil y la detención injusta de presos políticos demuestran que el régimen siente que no está ligado al Estado de Derecho”, ha expresado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, en un comunicado del Tesoro estadounidense.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido sanciones contra la Dirección General de Minas (DGM) subordinada al Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua, por ser responsable de lucrarse del comercio del oro en el país.
Según lo ha argumentado el comunicado, la DGM ha gestionado la mayoría de las operaciones mineras de Nicaragua y es “una pieza importante de las operaciones de oro controladas por el Estado”. “Ortega y sus compinches continúan utilizando las ganancias derivadas de la producción y venta de oro para llenar sus propios bolsillos y pagar a quienes mantienen al régimen en el poder”, ha agregado.
Estados Unidos también ha impuesto sanciones contra Reinaldo Gregorio Lenín Cerna Juárez, quien es un confidente cercano del presidente y fue jefe de seguridad del Estado entre 1970 y 1980. Según los informes, estuvo involucrado en numerosos incidentes de violencia, asesinatos y torturas y admitió estar asociado con grupos terroristas conocidos.
Cerna trabajó anteriormente en el Consulado de Nicaragua en Honduras y presuntamente ayudó en el asesinato de Pablo Emilio Salazar, jefe de la guardia presidencial del entonces presidente Anastasio Somoza Debayle, proporcionando el arma que mató a Salazar.
Por otro lado, el presidente estadounidense Joe Biden firmó una nueva orden ejecutiva que modifica la 13851 para ampliar la autoridad del Tesoro con el fin de “responsabilizar al régimen de Ortega-Murillo por sus continuos ataques a la libertad de expresión y reunión de los nicaragüenses”.
Esta nueva orden ejecutiva también permite sancionar a personas relacionadas con el sector aurífero y se podría usar para prohibir inversiones estadounidenses en algunos sectores en Nicaragua o la importación de ciertos productos de origen nicaragüense, señala el comunicado sin especificar cuáles.
Estados Unidos aplicó en el pasado decenas de sanciones a funcionarios y personas del entorno de Ortega por violación de los derechos humanos y corrupción.
“La orden ejecutiva modificada permite la imposición de restricciones futuras sobre ciertos intercambios comerciales con Nicaragua para limitar los beneficios financieros desmesurados de ciertos intercambios que se derivan del régimen de Ortega-Murillo”, ha especificado la Casa Blanca en un comunicado.
Más de 200 opositores están presos en Nicaragua desde las protestas opositoras de 2018, que el gobierno de Ortega vinculó con un supuesto fallido golpe de Estado promovido por Washington.
*Con información de AFP Y Europa Press.
