Un informe legislativo pidió este lunes que el presidente Pedro Castillo sea inhabilitado durante cinco años y acusado por la presunta comisión del delito de traición a la patria, por haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia.
«Recomendando la inhabilitación por cinco años y acusarlo por la presunta comisión del delito de traición a la patria», concluyó el congresista Diego Bazán al leer la exposición del informe presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Bazán, del partido opositor Avanza País, remarcó que las manifestaciones de Castillo «son susceptibles de reproche» y recordó que según el artículo 118 de la Constitución peruana el presidente tiene por función dirigir la política exterior, así como celebrar tratados internacionales, por lo que consideró que sus declaraciones afectan la soberanía nacional.
Añadió que Castillo «ha señalado a nivel nacional e internacional que es un derecho del país de Bolivia el acceso al mar y que consultará a la ciudadanía» sobre esta posible medida que, según sostuvo, «pone en grave riesgo la integridad de la nación».
Bazán añadió que, con su acusación, «no se busca sancionar en ningún momento el delito de opinión, sino determinar si en su condición de tal ha transgredido la carta magna».
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evalúa este lunes el informe final, elaborado por el congresista Wilson Soto y sustentado por Bazán, que propone inhabilitar al mandatario por supuestamente haber incurrido en la infracción de cuatro artículos de la Constitución.
El documento acusa a Castillo de presuntamente haber cometido el delito de traición a la patria tras haber declarado, en una entrevista con la cadena internacional CNN, que los peruanos debían ser consultado sobre la posibilidad de otorgar una salida al mar a Bolivia.
LAS DECLARACIONES DE CASTILLO
El presidente reconoció que reclamó el «mar para Bolivia» durante una conferencia de profesores de Latinoamérica a la que asistió en La Paz en 2018, cuando ni se planteaba ser candidato presidencial.
«No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera», anotó.
Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), por lo cual demandó a Chile en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida marítima, pero el tribunal desestimó su petición.
El entonces presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) ya cedió en 1992 a Bolivia una franja de 5 kilómetros llamada Bolivia Mar, en el puerto sureño de Ilo, una decisión que fue profundizada en 2010 por Alan García (2006-2011), que renovó, por un periodo de 99 años, una zona franca marítima, sin soberanía, para el país vecino.
De ser aprobado el informe final de la denuncia contra Castillo en la subcomisión, el documento será enviado a la Comisión Permanente, que deberá analizarlo antes de autorizar su eventual debate en el pleno.
Un informe preliminar que declaró procedente la admisión de la denuncia ya fue aprobado el pasado 28 de febrero por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con el voto dirimente de la entonces presidenta de ese grupo de trabajo, Rosio Torres, del partido conservador Acción Popular.
Al inicio del debate del informe final, varios legisladores consideraron que la acusación carece de fundamento jurídico, ya que Castillo solo dio una declaración y no cumplió con ningún acto para implementarla, mientras que congresistas opositores aseguraron que sí hubo una vulneración constitucional y el gobernante debe recibir una sanción política.
