La demanda presentada por parlamentarios aliados a Jair Bolsonaro, se apoyaba en un informe elaborado por el Ministerio de Defensa sobre las urnas electrónicas usadas en Brasil desde 1996, que jamás han sido objeto de denuncias de fraudes, pero que según Bolsonaro los propician y pudieran haber ocurrido en las elecciones de octubre pasado.
La Fiscalía General, explicó que la demanda carece de «elementos de prueba» y que solo podría analizarse si presentase «algún hecho concreto», que no logró identificar en la denuncia.
Según la fiscalización realizada por los militares en las urnas los días 2 y 30 de octubre, cuando se celebraron la primera y la segunda vuelta de las elecciones, no fue hallado nada que pueda indicar fraudes, pero tampoco puede afirmarse que no ocurrieron.
Según el Ministerio de Defensa, el ambiguo informe elaborado por sus técnicos «no excluye la posibilidad de fraude o inconsistencia en las urnas electrónicas», pero señala su plena «conformidad» con el resultado de las elecciones, ganadas por Lula, con una diferencia de 1,8 puntos porcentuales sobre Bolsonaro.
El Tribunal Superior Electoral ya la ha puesto un punto final a esas polémicas, garantizado que los comicios fueron «limpios» y ha asegurado que no existen dudas sobre el proceso, avalado por todas las misiones de observadores independientes, tanto nacionales como internacionales.
EFE
