Estados Unidos puso en marcha un plan para acabar con el Título 42, una normativa sanitaria utilizada para expulsar de forma exprés a los migrantes que llegan a la frontera sur con el pretexto de la pandemia de covid-19.
El anuncio de este martes llega después de que un juez federal le diera al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) un plazo de cinco semanas para suspender la norma.
«Estamos activando nuestros planes» para cuando se levante el Título 42, dijo el subsecretario interino del DHS, Blas Nuñez-Neto, en una llamada con periodistas.
Cuando sea suspendida esa normativa puesta en pie por el expresidente Donald Trump (2017-2021) se aplicará el Título 8, que permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al Gobierno para deportar e incluso imponer penalidades a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles.
Entre los planes del Ejecutivo están incluidas medidas para reducir los tiempos de procesamiento, aplicar represalias a quienes crucen la frontera de manera ilegal y trabajar con gobiernos de la región, incluyendo México, para hacer frente a los coyotes y traficantes de personas, explicó Núñez.
«Hay más de 23.000 agentes en la frontera y hemos incrementado significativamente nuestra capacidad de detención para poder transportar a los migrantes y deportarlos», señaló el funcionario.
Nuñez adelantó además que, como parte de su preparación, la Administración de Joe Biden está en conversaciones con gobiernos de la región para poder deportar a venezolanos a terceros países.
«Se han usado terceros países para repatriar venezolanos históricamente y es algo que vamos a seguir haciendo», aseguró el funcionario.
EE. UU. no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela y a principios de octubre el Gobierno de Biden alcanzó un acuerdo con México para poder expulsar a los migrantes de este país suramericano que llegan a la frontera sur.
La semana pasada, el juez federal Emmet Sullivan, del distrito de Columbia, emitió un fallo obligando al gobierno a acabar con el Título 42, al que califico de «arbitrario y caprichoso».
El Título 42 tiene su origen en una ley del siglo XIX diseñada para detener «la introducción» de enfermedades contagiosas en EE.UU. Con el pretexto de esa normativa, EE. UU. no permite a los migrantes solicitar asilo cuando llegan a su territorio y son expulsados del país por la vía rápida.
La principal diferencia entre normativas consiste en que el Título 8 obliga a las autoridades a trasladar a los indocumentados a centros de detención durante varias horas donde pueden pedir asilo, mientras que el Título 42 permite resolver la deportación en 15 minutos y sin espacio para el asilo.
La resolución judicial de Sullivan no solo tumbó una de las últimas barreras impuestas por Trump a la inmigración que quedaban en pie, sino que supuso un desafío para la Administración de Biden en un momento en que se registran detenciones récord de migrantes indocumentados en la frontera con México.
Solo en octubre hubo 230.000 arrestos en la frontera entre EE. UU. y México, con más de 78.400 expulsiones del territorio estadounidense.
Bajo el Título 42, EE. UU. ha expulsado a más de 2,5 millones de migrantes, según datos de la organización International Rescue Committee.
