El año 2022, desde la perspectiva de la evolución del derecho a la salud, será valorado como el momento en el que, tras el estrés al que han sido sometidos los sistemas sanitarios por la pandemia del COVID-19, se han puesto en evidencia la precariedad y la fragilidad tanto de los avances alcanzados en determinados indicadores de salud en el plano internacional como de la capacidad real de respuesta médico-social de los Estados, también los del Norte, ante situaciones de alta exigencia.
No significa que la pandemia haya generado un daño estructural en los sistemas de salud, pero sí ha sido definitiva para poner al descubierto las costuras y las debilidades ya existentes.
En España
En nuestro contexto, por ejemplo, la desvalorización del nivel primario de atención a la salud ha sido progresiva durante las dos últimas décadas, hasta llegar a provocar un quebranto organizativo que, a estas alturas, podemos calificar como estructural, grave y cronificado.
Y precisamente sobre este quebranto y desvalorización de la Atención Primaria se asientan la mayor parte de las dificultades de accesibilidad y de eficacia del sistema sanitario en España.
No entraremos a valorar las causas que, entre tanta confusión, cuesta identificar, ya que lo que más nos preocupan son las consecuencias y, en especial, el incremento insoportable de barreras para el acceso a servicios básicos para quienes no tenemos otra alternativa que los sistemas públicos de salud.
Con todo, lo peor es que quienes tienen obligaciones sobre lo que está ocurriendo persisten en comportamientos que, en unos casos, son de beligerancia explícita contra el sistema público y, en otros, de falta de determinación para “quitarse la venda” y afrontar los cambios estructurales que la situación demanda.
En los países del Sur
En los países del Sur la situación es mucho más grave, porque a la mayor fragilidad de los sistemas de salud, se une la falta de financiación para hacer frente a las crisis humanitarias que asolan a la población de muchos lugares del planeta.
La desigualdad Norte-Sur, la injusticia del empobrecimiento y la degradación de los estados del Sur sí que dependen de las políticas internacionales y de las estrategias de desarrollo, pero han de ser creíbles.
A ello hay que sumar las gravísimas consecuencias para la salud derivadas del cambio climático, de su impacto en los movimientos forzosos de población (migraciones por la supervivencia) y en la progresiva crisis alimentaria y nutricional que afecta a grandes regiones del mundo, especialmente grave en todo el Sahel.
La guerra de Ucrania
Y no es que la guerra en Ucrania y sus consecuencias sean menores. Son demoledoras para la población ucraniana y lo son también como agresión contra el Derecho Internacional Humanitario -que prohíbe expresamente los ataques a personal e infraestructuras sanitarias- y la seguridad de los pueblos.
Pero la situación en Ucrania no justifica la falta de atención y la reducción relativa del esfuerzo para satisfacer necesidades de salud -plasmadas en los compromisos de la Agenda 2030- en otras áreas geográficas en las que se están viviendo situaciones incompatibles con la dignidad, con la salud y con la vida.
La hambruna en el Sahel, la situación de la población en el refugio saharaui o en los territorios ocupados de Palestina, la nueva epidemia de cólera en Haití o la cronificación de la situación en Siria, son ejemplos en los que el “gap” entre previsión y ejecución de la ayuda demuestran una injustificable falta de equidad en el esfuerzo.
2023 para Médicos del Mundo
En consecuencia, las buenas noticias en 2023 deberían de venir, por un lado, de la mano de la consigna de las “lecciones aprendidas” a partir del impacto de la pandemia, de modo que pudiéramos dar testimonio de avances significativos en el refuerzo de los sistemas públicos de salud, en el Norte y en el Sur, como única expectativa para que expresiones como universalidad, accesibilidad y equidad adquieran dimensión de realidad.
Y, por otro lado, 2023 tendrá que ser un tiempo para la resolución de los conflictos de la mano del Derecho Internacional -a la par que se garantiza la seguridad de la población civil-, así como para que, a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo, se ofrezca una respuesta efectiva y, sobre todo, equitativa a las graves crisis humanas que amenazan la supervivencia de cientos de millones de personas en áreas muy concretas del planeta.
EFESALUD
