Este lunes, el Congreso de Perú aprobó reabrir el debate para celebrar los comicios en 2023, un tema que se debatió sin éxito en numerosas ocasiones en los últimos dos meses, la última el pasado viernes.
Ante la intensa situación en Perú, los dos poderes siguen interpelándose para adelantar las elecciones generales o renunciar, pero nadie da un paso adelante.
Por su parte, la presidenta dio un discurso este domingo en el que pidió al Congreso que asuma la “responsabilidad histórica” de aprobar el adelanto electoral para 2023, en lugar de a mediados de 2024, como estaba previsto. “Digámosle al Perú entero, con la más alta responsabilidad: nos vamos todos”. Con esas palabras asume el grito que se ha extendido ya por el país, en el que los ciudadanos exigen “que se vayan todos”: el Gobierno y el Congreso.
El pasado viernes se dio ese debate en el Pleno y fue rechazado por una amplia mayoría. Solo hubo 45 votos a favor y 65 en contra.
Boluarte, sin embargo, no da muestras de planear una renuncia por ahora. Un hecho que tampoco desembocaría en elecciones inmediatas, ya que el presidente del Congreso, José Williams, asumiría la presidencia del país.
En caso de que el Congreso llegara a aprobar la nueva fecha de los comicios, la primera vuelta se celebraría en octubre y la segunda en diciembre de este año.
Mientras tanto, los manifestantes mantienen desde las calles su presión al Gobierno, que cada vez se siente con menos margen de maniobra. Durante el primer mes y medio, las protestas se mantuvieron en las regiones del interior, sin alterar demasiado la vida de Lima, la capital que concentra a un tercio de la población del país. Pero desde hace 10 días, los enfrentamientos por la represión policial se trasladó a las calles de la capital. La crisis cobró la vida ya a 58 personas, la última este sábado en Lima, por el disparo de un proyectil.
La desaprobación de la presidenta es del 76% y el índice de aprobación del Congreso apenas es de un 7%, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En ese mismo sondeo, un 56% aseguró que las fuerzas del orden se excedieron en la represión de las protestas, mientras un 26% avaló la actuación policial.
