Los cuatro menores ecuatorianos, detenidos por militares el pasado 8 de diciembre y encontrados muertos el 24 del mismo mes cerca de una base militar en Taura, fueron sepultados el miércoles 1Dic en medio de la indignación generalizada que sacude a Ecuador y la exigencia de justicia, por parte de sus familiares.
La muerte de los adolescentes Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años, ha sido calificada como un crimen atroz y ha generado un clamor por justicia y una ola de protestas en Quito y Guayaquil.
Los menores fueron aprehendidos por 16 militares en el barrio de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, la noche del 8Dic. Desde entonces no se supo más de ellos. Se dijo que los capturaron cometiendo un robo en flagrancia, pero familiares y testigos, aseguran que jugaban futbol.
El 24 de diciembre, sus cuerpos fueron encontrados cerca a la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en Taura. El martes 31Dic la Fiscalía confirmó mediante pruebas genéticas la identidad de los menores, lo que intensificó la indignación ciudadana.
Los cuerpos fueron velados en las modestas viviendas de sus familias, en la populosa comunidad afrodescendiente. Durante el cortejo fúnebre, que se extendió a lo largo de ocho kilómetros, levantaron pancartas y carteles para manifestar la demanda de justicia.
La Fiscalía de Ecuador informó la detención preventiva de los 16 militares, quienes enfrentan cargos por desaparición forzada, un delito que puede ser castigado con hasta 26 años de prisión. Sin embargo, el caso podría escalar a un juicio por ejecución extrajudicial, dado que las pruebas apuntan a un asesinato masivo.
Organismos internacionales, como la ONU y la OEA, así como numerosas ONG, han expresado su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos en este caso, mientras que la sociedad civil viene criticando el accionar de las policías y de las Fuerzas Armadas por sus operativos que van más allá, según ellos, de lo que establece la ley y vulneran los DDHH con el pretexto de luchar contra el crimen organizado.
Hay que recordar que la estrategia del presidente Novoa, para afrontar los altos niveles de criminalidad en Ecuador, fue declarar el estado de excepción, el cual otorga poderes especiales a las fuerzas de seguridad para afrontar a las bandas al margen de la ley.
El Ministerio de Defensa ha garantizado transparencia en las investigaciones, pero lo ha hacho después de haber negado la participación de militares en este caso. Por si fuera poco, las mismas autoridades reconocieron que los militares no tenían autorización para realizar operativos en el sector de Las Malvinas, cuando se llevaron a los menores.
El comandante de la FAE, Celiano Cevallos, declaró que los adolescentes fueron arrestados por un presunto delito flagrante, pero las cámaras de videovigilancia muestran cómo, en sólo cinco minutos, los soldados capturaron a los menores, quienes no pusieron resistencia, y los montaron en la tolva de la patrulla, boca abajo, sometidos.
Además, la opinión pública no conecta como es que una detención por la supuesta comisión de un robo, termina con la muerte de los menores integrantes de equipos de fútbol y medallistas en eventos de este deporte, cuyos cuerpos estaban calcinados y abandonados en una zona pantanosa.
No en vano, uno de los lemas de las protestas ciudadanas ha sido: «son futbolistas, no terroristas».
Además, el padre de una de las víctimas contó que su hijo alcanzó a llamarlo poco después de que se los llevaran, pidiéndole ayuda. De un teléfono que le prestaron, le contó que los habían golpeado y despojado de su ropa. El padre llamó a la policía y, cuando la patrulla llegó al sitio, no los encontró.
Personas dijeron que se los habían llevado hombres encapuchados en motocicleta. Los militares, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, declararon que soltaron a los adolescentes a pocos metros de la base donde ahora ellos están detenidos. Obviamente, ante la diversidad de versiones, las investigaciones son un reto.
En medio de la tensión, la imagen de Noboa se ve afectada en vísperas de la campaña para su reelección en los comicios de febrero, situación que se suma a las denuncias formuladas por la vicepresidenta del país, separada el cargo, Verónica Abad.
Con información de EI.
