El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este jueves la tensión política y social al advertir que podría activar la Ley de Insurrección y desplegar tropas federales adicionales en el estado de Minnesota.
La amenaza surge como respuesta a las persistentes manifestaciones contra los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han generado un clima de confrontación en la región.
A través de su plataforma Truth Social, el mandatario lanzó un ultimátum a las autoridades estatales de filiación demócrata: “Si los políticos corruptos de Minnesota no acatan la ley y no detienen a los agitadores profesionales que atacan a los patriotas de ICE, que solo cumplen con su deber, recurriré a la Ley de Insurrección, algo que varios presidentes han hecho antes que yo”.
Escalada de violencia y tensión ciudadana
El clima en Mineápolis se ha vuelto crítico tras una serie de incidentes violentos. El día de ayer, un agente federal hirió de bala a un hombre durante una protesta, un hecho que ha reavivado la indignación colectiva tras el reciente asesinato de Renee Good, de 37 años, a manos de un agente de ICE el pasado 7 de enero.
Desde diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional ha reportado más de 2,000 arrestos en el estado, asegurando que las operaciones continuarán. Por su parte, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, calificó el despliegue federal —que quintuplica en número a la policía local de 600 oficiales— como una «invasión» que ha sumido a la ciudad en una «situación imposible».
Contexto legal e histórico
La invocación de la Ley de Insurrección permitiría al presidente movilizar al Ejército o federalizar la Guardia Nacional, incluso sin el consentimiento de los gobernadores.
Precedente histórico: Esta norma no se ha utilizado desde 1992, cuando el entonces presidente George H. W. Bush intervino en los disturbios de Los Ángeles tras el caso de Rodney King.
Situación actual: Mientras que la administración federal defiende el uso de la fuerza para «restaurar el orden», las autoridades locales y grupos civiles denuncian que las redadas y el uso de gas lacrimógeno están sembrando el terror en los vecindarios.
El jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara, ha declarado las recientes concentraciones como «asambleas ilegales», mientras que los ciudadanos exigen la retirada inmediata de las fuerzas federales de sus calles y hogares.
Con información de agencias
