En un acto que marca el inicio de una de sus promesas centrales de campaña, el Presidente de la República, José Antonio Kast, arribó este lunes al extremo norte del país para supervisar el despliegue del «Plan Escudo Fronterizo».
Esta iniciativa busca frenar de manera drástica la migración irregular mediante un robusto despliegue tecnológico, militar y de infraestructura física.
Tras su toma de posesión, el mandatario firmó en el Palacio de La Moneda seis decretos estratégicos que establecen una política nacional de «cierre fronterizo» y la delimitación geográfica de las zonas críticas que colindan con Perú y Bolivia.
Defensa de los valores patrios
A su llegada a la base militar «Solo de Zaldívar» en Arica, el Jefe de Estado saludó a las tropas y expresó su reconocimiento por la labor de resguardo en la zona.
»Arica es fundamental desde el punto de vista social, económico y geopolítico, y ustedes están ahí defendiendo los valores de la patria», afirmó el mandatario al agradecer la protección de lo que denominó la «puerta de entrada» de la nación.
Como parte de la agenda, el Presidente encabezará un Consejo de Seguridad junto a los ministros del Interior, Seguridad Pública, Obras Públicas, Defensa y Justicia, para coordinar los aspectos operativos y legales del plan.
Muros, zanjas y tecnología de última generación.
El «Plan Escudo Fronterizo» contempla una transformación radical de la infraestructura en los pasos fronterizos de Colchane y Chacalluta:
Barreras Físicas: Construcción de muros y vallas de seguridad de 5 metros de altura con cercos perimetrales electrificados.
Zanjas: Excavación de fosos de 3 metros de profundidad para impedir el tránsito de vehículos y caravanas.
Vigilancia 24/7: Uso de drones autónomos con reconocimiento facial, sensores de movimiento y cámaras térmicas/infrarrojas.
Presencia de Fuerza Pública: Despliegue de aproximadamente 3.000 efectivos militares y policiales.
Zona de Exclusión: Creación de una franja de 10 kilómetros donde cualquier persona sin documentos podrá ser detenida y deportada de forma inmediata.
Desafíos logísticos y legislativos
Pese a la determinación del Ejecutivo, el plan enfrenta interrogantes sobre su viabilidad. Aunque el Gobierno proyecta una implementación de 90 días, expertos y medios locales señalan que la complejidad del terreno desértico y la extensión de las fronteras (800 km con Bolivia y 169 km con Perú) podrían prolongar los trabajos durante años.
En el ámbito político, el Ejecutivo buscará que el Congreso apruebe con celeridad una ley que tipifique como delito la entrada al país por pasos no habilitados o sin la documentación requerida.
Con información de agencias
