Las organizaciones Espacio Público, Alerta Venezuela y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) denunciaron formalmente la negativa del Ministerio Público a procesar una solicitud de información pública relativa a la aplicación de la Ley de Amnistía, vigente desde febrero de este año.
La coalición de organizaciones civiles informó que el ente estatal rechazó el requerimiento bajo el argumento de que no se expusieron los «motivos de interés público suficientes» para justificar la entrega de los datos.
Las organizaciones enfatizaron que la petición se fundamenta en el derecho constitucional a la contraloría social y al acceso a la información, pilares protegidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.
El requerimiento detallado buscaba arrojar luz sobre la ejecución de la normativa, solicitando datos específicos como:
Número de boletas de excarcelación emitidas.
Cifra de personas beneficiadas por medidas cautelares.
Distribución geográfica de los casos por estados.
Estadísticas de solicitudes aprobadas, improcedentes e inadmisibles.
Registro de denuncias por retrasos procesales en su aplicación.
Esta negativa surge en un contexto de incertidumbre sobre el alcance real de la ley. Recientemente, una comisión especial de seguimiento reportó que 8.616 personas han sido beneficiadas por la normativa. Sin embargo, las ONG advierten que, sin datos desglosados y verificables, es imposible realizar una evaluación técnica sobre la transparencia y la efectividad del sistema judicial.
»La falta de acceso a estos datos impide conocer si la ley se está aplicando de manera equitativa y eficiente», señalaron las organizaciones.
Para Espacio Público, Alerta Venezuela y el CDH-UCAB, la respuesta del Ministerio Público representa un obstáculo para el ejercicio ciudadano de vigilar la gestión pública. Las organizaciones insisten en que la transparencia es una obligación estatal y no una concesión discrecional, especialmente en procesos que impactan directamente los derechos humanos y la libertad de los ciudadanos.
Con información de agencias
