El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha dado un paso técnico significativo al emitir la Licencia General No. 58. Esta medida permite, por primera vez en años, la prestación de servicios legales, financieros y de consultoría orientados a evaluar una posible reestructuración de la deuda soberana de Venezuela y de Petróleos de Venezuela (PdVSA).
La nueva licencia autoriza todas aquellas transacciones que resulten “ordinariamente incidentes y necesarias” para que firmas especializadas puedan asesorar al Gobierno de Venezuela y a su estatal petrolera. El objetivo principal es permitir el desarrollo de escenarios, propuestas y materiales de apoyo técnico para un futuro refinanciamiento de los compromisos financieros del país.
Con esta resolución, firmas de asesoría y consultoría internacional quedan habilitadas para trabajar en el diseño de planes de renegociación, un área que permanecía restringida bajo el esquema de sanciones vigente.
A pesar de la apertura para la consultoría técnica, la OFAC ha sido enfática en delimitar las fronteras de esta licencia. Los puntos clave de las restricciones incluyen:
Prohibición de ejecución: No se permite la ejecución directa de reestructuraciones, transferencias de deuda o liquidaciones.
Sin negociación directa: La licencia no autoriza negociaciones formales con los acreedores en esta etapa.
Restricciones de pago: Se prohíben pagos en condiciones no comerciales, así como el uso de oro o criptomonedas emitidas por el gobierno venezolano (como el Petro).
Protección de activos: La medida no permite la ejecución de sentencias judiciales, laudos arbitrales o embargos sobre activos que actualmente se encuentran bloqueados.
Desde el endurecimiento de las sanciones en 2019, las operaciones financieras con el Estado venezolano han estado bajo un estricto control. La emisión de la Licencia 58 no representa un levantamiento de las sanciones, sino la creación de un espacio técnico para que asesores preparen el terreno hacia una solución de la crisis de deuda.
»Esta autorización podría interpretarse como un gesto de apertura hacia una solución técnica de la deuda venezolana, la cual se estima supera los 150.000 millones de dólares», señalan analistas del sector.
Cualquier avance concreto hacia una renegociación final seguirá dependiendo de la evolución del panorama político y de la disposición de los tenedores de bonos y acreedores internacionales bajo el marco legal estadounidense.
Con información de agencias
