El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, ratificó el compromiso del Poder Legislativo de avanzar con determinación en la reformulación integral del sistema judicial venezolano, con el objetivo de responder a las demandas históricas de la sociedad y consolidar la estabilidad política del país.
A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, Rodríguez, enfatizó que la búsqueda de consensos nacionales es la principal herramienta para neutralizar las agendas de confrontación. “En la medida en que nos pongamos de acuerdo los venezolanos y las venezolanas, el extremismo perderá espacio”, advirtió el parlamentario.
El proceso de transformación dio un paso administrativo clave el pasado martes, cuando la Plenaria de la AN aprobó, por mayoría calificada, la primera discusión de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta propuesta contempla la ampliación del número de magistrados, pasando de los 20 actuales a un total de 32 integrantes.
En sintonía con estas acciones, la Comisión Permanente de Política Interior, presidida por el diputado Nicolás Maduro Guerra, avanzó en su sesión ordinaria en la revisión del marco legal necesario para optimizar el servicio de justicia. Entre los puntos prioritarios discutidos se encuentran:
Consulta pública: Seguimiento al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del TSJ.
Supervisión y control: Debate sobre el proyecto de Ley de la Inspectoría General de Tribunales.
Formación técnica: Revisión del proyecto de Ley de la Escuela Nacional de la Magistratura.
El presidente de la AN solicitó imprimir celeridad a estos dos últimos instrumentos legales para garantizar que el país cuente con jueces altamente capacitados y bajo una supervisión rigurosa en el ejercicio de sus funciones.
Por su parte, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, destacó que esta reforma no es solo un trámite administrativo, sino el cumplimiento de un compromiso pendiente con el pueblo venezolano. Según Infante, la actualización del sistema judicial constituye una «deuda histórica» que el Parlamento está decidido a solventar en este periodo legislativo.
Con estas medidas, la Asamblea Nacional busca garantizar un sistema de justicia más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía, fortaleciendo la institucionalidad democrática de la nación.
Con información de agencias
