Con el firme objetivo de reactivar el mercado de bienes raíces y fortalecer la seguridad jurídica en el país, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) formalizó la entrega de una serie de propuestas legislativas estratégicas ante la Asamblea Nacional y el Ejecutivo Nacional.
El presidente de la institución, Pablo González Travieso, destacó durante una entrevista en el programa “Al Aire” de VTV, que la modernización del marco legal es un paso impostergable para recuperar la confianza de los inversores y dinamizar la economía nacional.
La propuesta de la CIV se centra en la revisión profunda de tres instrumentos clave: la Ley de Arrendamiento, la Ley de Estafa Inmobiliaria y la Ley del Deudor Hipotecario. Según González Travieso, la burocracia actual actúa como un freno para el desarrollo.
»Un trámite ante la Superintendencia Nacional de Vivienda (Sunavi) puede demorar entre dos y tres años. Es vital agilizar los procesos administrativos para resolver controversias de forma eficiente», señaló el vocero gremial.
Uno de los puntos más críticos expuestos por la Cámara es la situación de la propiedad privada. Actualmente, existen aproximadamente 20.000 medidas de desalojo paralizadas desde el año 2015, una realidad que ha generado un clima de desconfianza en el mercado de alquileres. La CIV aboga por:
El rescate del valor de la propiedad privada.
La libertad contractual entre las partes para fijar precios.
Un ente regulador que actúe como mediador de conflictos y no como un limitador del mercado.
El impacto de estas reformas trasciende al sector inmobiliario. González Travieso subrayó que la reactivación de la construcción y el sector inmobiliario tiene el potencial de aportar un 8% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
»Existe capital venezolano listo para invertir en el país si se garantizan las condiciones jurídicas adecuadas», afirmó. La reforma de la Ley de Estafa Inmobiliaria permitiría a los promotores retomar la producción masiva de viviendas, generando empleos directos e indirectos y fortaleciendo las economías regionales.
Respecto al retorno del crédito hipotecario a largo plazo, la CIV estima un escenario de consolidación en un periodo de tres a cinco años, condicionado a una reestructuración macroeconómica y a la recapitalización del sistema bancario nacional.
Asimismo, el gremio calificó como positivo el uso de fondos de la venta petrolera para culminar urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, señalando que aumentar la oferta es la vía natural para estabilizar los precios del mercado.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela se mantiene a la espera de una convocatoria formal por parte del Ejecutivo Nacional para discutir los 20 artículos de reforma propuestos. Aunque ya existen avances en subcomisiones legislativas, la institución reitera su disposición al diálogo constante para sentar las bases de un nuevo y pujante marco jurídico inmobiliario.
Con información de agencias
