Con el objetivo de frenar el sistemático menoscabo de los derechos laborales en la región, un equipo multidisciplinario de abogados, economistas y técnicos anunció la creación del Foro de Defensa Laboral en Guayana.
Esta plataforma ofrecerá asesoría jurídica y realizará el recálculo minucioso de prestaciones sociales, vacaciones y utilidades mal pagadas tanto en el sector público como en el privado.
Los juristas Diego Castro y Fran Silva, voceros del frente, aclararon un punto medular para la opinión pública: “Las convenciones colectivas no están eliminadas, simplemente no se están cumpliendo”.
«Un contrato colectivo, al igual que cualquier norma jurídica, sigue vigente hasta que no sea sustituido por otro aprobado legalmente. Los beneficios están allí y lo que corresponde es reclamarlos en el momento oportuno», explicó Castro. El equipo legal fundamenta su lucha en el desmontaje del polémico Memorándum 2792, emitido el 11 de octubre de 2018, al cual calificaron como un simple papel, sin validez constitucional.
Los especialistas explicaron que, según la Constitución Nacional en su artículo 89, los derechos de los trabajadores son sagrados, irrenunciables y progresivos, lo que significa que jamás se pueden echar hacia atrás. Bajo esta estricta jerarquía legal, los contratos colectivos tienen el mismo peso y fuerza que una Ley Orgánica y están blindados por tratados internacionales firmados por Venezuela desde hace décadas; por lo tanto, cualquier instructivo, circular o papel firmado por un ministro que pretenda quitarle beneficios a la masa laboral o desmejorar lo ya conquistado es, por derecho, completamente nulo y no tiene validez jurídica.
«El memorándum suspendió ilegalmente la aplicación de los convenios y autorizó al sector empresarial a pisotear los derechos de los trabajadores. Estamos creando este foro para activar la defensa real en Guayana», sentenció Silva.
El Foro Laboral denunció que el grueso de las desincorporaciones ejecutadas en las empresas básicas —ya sea por jubilaciones anticipadas, despidos, renuncias o la figura inexistente de «servicios no requeridos»— se pagaron bajo un esquema de cálculo fraudulento.
El Ejecutivo Nacional calculó las prestaciones basándose exclusivamente en el salario mínimo tabular, excluyendo deliberadamente los bonos recurrentes, horas extras, tiempos de viaje y bonos vacacionales que, por ley, gozan de carácter salarial y configuran el salario integral.
El caso Alcasa como espejo: Solo en CVG Alcasa existen más de 2.500 trabajadores afectados entre activos, pasivos, jubilados y los llamados «no requeridos». El foro advierte que este devastador escenario se replica en todo el holding de la Corporación Venezolana de Guayana.
Aunque los voceros reconocen que la justicia laboral se encuentra secuestrada por el gobierno actual, enfatizaron que el objetivo técnico es organizar los expedientes y armar un blindaje jurídico para ejecutar los reclamos de forma masiva apenas ocurra un cambio político en Venezuela.
Oficina de atención en Puerto Ordaz
El Foro de Defensa Laboral convoca a todos los afectados a consignar sus casos (retiros, jubilaciones, incapacidades o desincorporaciones forzosas) en su sede operativa ubicada en Alta Vista, Edificio Majo (al lado del Hotel Merú), Nivel Mezanina Oficina N° 4, en horarios de oficina.
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