El tenso equilibrio que mantienen desde hace semanas Madrid y Barcelona por el desafío secesionista en Cataluña, se romperá definitivamente mañana, cuando venza el plazo fijado por el Gobierno de Mariano Rajoy al presidente regional, Carles Puigdemont, para explicar si declaró la independencia.
Todo indica que Puigdemont eludirá esa respuesta e insistirá en pedir diálogo, como hizo ya el lunes cuando venció el primer plazo de Madrid. En ese caso, Rajoy avanzará con la intervención del Estado central en Cataluña, lo que constituye un paso inédito en 40 años de democracia en España que abriría un escenario nuevo e impredecible en la crisis, destacó DPA.
«Va a obligar al Gobierno a tomar decisiones que sin duda alguna sería mejor no tomar», reconoció el mandatario conservador en el Congreso tras lanzar un último pedido a los diputados de la formación de Puigdemont, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) para que convenzan al líder independentista de volver a la legalidad.
La opción en la que Puigdemont niegue haber declarado la independencia y ponga freno a su plan de ruptura con España, parece improbable. «El Govern no se moverá», adelantó el portavoz del Ejecutivo catalán, Jordi Turull. Puigdemont descartó también de plano convocar a elecciones, lo que evitaría la intervención de Madrid en la región.
Desde el polémico referendo independentista ilegal celebrado el 1 de octubre en Cataluña, la peor crisis institucional de las últimas décadas en España se convirtió en una compleja partida estratégica entre Madrid y Barcelona, con cada parte intentando evitar ser la que da el paso definitivo al abismo.
Mientras que Puigdemont suspendió la proclamación de una república catalana segundos después de anunciarla, consciente de que carecería de apoyo internacional y cargaría de razones al Gobierno para una respuesta contundente, Rajoy evitó hasta último momento intervenir Cataluña por temor al impacto político incalculable de esa medida.
Su propio ultimátum, sin embargo, podría forzar al mandatario a activar el artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno adoptar las medidas necesarias para que una región vuelva a cumplir sus obligaciones. Un paso que apoyan tanto los socialistas del PSOE, primera fuerza de la oposición, como los liberales de Ciudadanos.
Sería la primera vez en la historia que España activa ese artículo, comparado con una bomba atómica, dicho por fuentes del Tribunal Constitucional citadas en el diario El Mundo. «Está ahí como amenaza, pero a nadie se le ha pasado nunca por la cabeza que se tenga que aplicar».
En el caso de Cataluña, todo apunta a que el Gobierno de Rajoy usará el 155 para una intervención gradual de la autonomía que pase por reemplazar parte del Gobierno de Puigdemont o autoridades puntuales (como la Policía de la región) con el objetivo final de convocar elecciones anticipadas.
Madrid tendrá que detallar las medidas concretas para someterlas a aprobación del Senado donde el Partido Popular (PP) de Rajoy tiene mayoría absoluta, y posiblemente lo haga la semana próxima. El golpe de autoridad pondría fin a un capítulo de la crisis, pero no está claro que vaya a cerrarla del todo.
La intervención podría incluso ser contraproducente para Madrid y dar oxígeno al golpeado plan de Puigdemont alimentando sus dos nuevos ejes. La movilización callejera y la ofensiva propagandística por vender al mundo la imagen de una Cataluña sometida a un Estado supuestamente opresor.
El partido anticapitalista Candidatura de Unidad Popular (CUP) que apoya a Puigdemont en el Parlament catalán y los otros sectores más radicales del secesionismo catalán, llamaron a la desobediencia masiva no violenta en las calles, una perspectiva preocupante para el Gobierno en Madrid.
En este contexto, lo único seguro es que el 19 de octubre, marcará un hito en la grave crisis política, social y económica desatada por el desafío independentista de Cataluña. La dirección que tome el conflicto y el tiempo que pase hasta resolverse del todo, por el contrario, siguen siendo un interrogante.
