Los mandatarios deberán enfrentar la intervención de las policías regionales, la designación de protectores estadales y la falta de garantías para proyectos
Los gobernadores opositores de Anzoátegui, Antonio Barreto Sira; Mérida, Ramón Guevara; Nueva Esparta, Alfredo Díaz, y Táchira, Laidy Gómez, justificaron su juramentación ante la asamblea nacional constituyente como un paso necesario para trabajar por el bienestar socioeconómico de sus entidades y para defender el voto del pueblo.
Sin embargo, la concurrencia ante la instancia presidida por Delcy Rodríguez y la reunión de tres de los mandatarios con el presidente Nicolás Maduro, la semana pasada, no ha garantizado el reintegro de sus competencias constitucionales, entre ellas el control de las policías estadales, que les arrebataron luego del 15 de octubre.
La gobernadora Laidy Gómez, después de su juramentación ante el Consejo Legislativo de Táchira el jueves, anunció que hoy se reunirá con el vicepresidente de la República, Tareck el Aissami: “Llevaré los proyectos. Y si no los aprueban voy a salir a la calle con el pueblo a pedir las alianzas con los sectores privados, productivos y sociales del Táchira que quieran ayudar a salir de esta desgracia”.
Omar Hernández, titular del Consejo Legislativo de Táchira, informó, hace unos días, que por petición del ex gobernador José Gregorio Vielma Mora fueron traspasadas 5 dependencias de la gobernación al Ministerio de Planificación, entre las que se encuentra Corpotáchira. Aseguró que la solicitud data del 10 de octubre.
En Nueva Esparta, el gobernador Alfredo Díaz denunció que a raíz de su victoria fueron transferidos varios organismos del estado al gobierno nacional. Aseveró que con la medida se desconoce la voluntad de más de 117.000 personas que lo eligieron.
Díaz consideró errada la decisión del Ejecutivo de nombrar al ex gobernador Carlos Mata Figueroa protector de la entidad. Esta figura impuesta por Maduro también se designó en los estados donde ganaron los candidatos de la oposición. En Anzoátegui estará
Los cuatro “protectores” tienen en común haber sido derrotados en los comicios pasados. En Zulia, el ex gobernador Francisco Arias Cárdenas asumió, el miércoles pasado, la presidencia de Corpozulia. La orden de Miraflores fue que no abandonara al estado. En esa entidad la ANC decidió repetir elecciones tras la negativa del gobernador electo, Juan Pablo Guanipa, de subordinarse ante la instancia.
El argumento presidencial para el nombramiento de los protectores es que deben garantizar la inversión en el poder popular de los recursos que aprueba el Ejecutivo. “Nos fue muy bien en Miranda, el protector de esta región entregó su bandera muy victoriosa al compañero Héctor Rodríguez”, dijo el mandatario.
Maduro ofreció apoyo irrestricto a Rodríguez: “Le garantizo todos los recursos en dólares, en yuanes, en la moneda que haga falta. Ha llegado la hora de dinamizar muchas cosas”. Estos recursos fueron frenados y le restaron varias atribuciones a la entidad durante los dos períodos de gestión de Henrique Capriles.
La semana pasada el presidente aprobó, en el taller de Planificación Estratégica con los 18 gobernadores del oficialismo, 471 millardos de bolívares para impulsar programas sociales en las 23 gobernaciones. Dijo que ese dinero proviene de los aportes por recaudación del Seniat. Aseveró que los recursos manejados por las gobernaciones en poder de la oposición “nunca llegan a los ciudadanos, pues son repartidos en pequeños grupos de poder”.
