«El gobierno de Venezuela realizó este año una despiadada campaña de represión contra sospechosos de disidencia, con allanamientos ilegales y ataques violentos a la vida privada», denunció este lunes Amnistía Internacional (AI).
«Las autoridades venezolanas han ampliado su arsenal de tácticas represivas poniendo en marcha una despiadada campaña de allanamientos ilegales de viviendas de personas sospechosas de disidencia», indicó la organización internacional de defensa de los derechos humanos.
En su informe «Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela», AI dijo que el recrudecimiento de estas prácticas se produjo entre abril y julio, en el apogeo de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
En esos meses, las manifestaciones diarias para exigir la salida del mandatario, violentamente reprimidas por las fuerzas del orden, dejaron unos 125 muertos, cientos de heridos y detenidos, y derivaron en saqueos y vandalismo.
En su reporte, AI da cuenta de al menos 47 allanamientos por parte de agentes de seguridad sin una orden judicial, ocurridos en 11 estados entre abril y julio.
Estos asaltos, que podían durar horas o toda la noche, solían ir acompañados de amenazas de muerte y de violencia, tanto verbal como física, así como de destrozos a la propiedad privada y robos, dijo la ONG.
Estas «arbitrariedades y violaciones al derecho a la vida privada, a la libertad, a la integridad personal y al debido proceso» ya habían sido documentadas antes en Venezuela, pero ahora «parecen haber adquirido unas dimensiones más extendidas que forman parte de una política de represión por parte del Estado venezolano», apuntó AI.
«Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares», dijo Erika Guevara-Rosas, directora de AI para las Américas, citada en un comunicado.
Según el informe, estos allanamientos y ataques afectaron a miles de personas, que quedaron «totalmente desprotegidas ante las actuaciones de fuerzas de seguridad y de grupos civiles armados adeptos a este».
AI también reportó la destrucción de evidencia por parte de los responsables de estos asaltos.
Maduro ha sido acusado por sus adversarios y algunos países como Estados Unidos de haber instaurado una «dictadura» en Venezuela, con el apoyo de una Asamblea Nacional Constituyente electa a fines de julio, totalmente oficialista y tachada de fraudulenta por la empresa de tecnología electoral.
