El caso de presunta extorsión fue denunciado por familiares de los presos ante el Ministerio Público
Un grupo de familiares de detenidos que se encuentran en la Comandancia General de la Policía del estado Yaracuy denunciaron ante el Ministerio Público que funcionarios de este cuerpo policial les estarían cobrando 200 dólares diarios a cambio de trasladarlos a las llamadas celdas VIP, donde tendrían mejores condiciones de vida.
Según denuncia el Observatorio Venezolano de Prisiones, el pago corresponde al “derecho de gozar privilegios en las celdas, como entrega de comidas, paquetería, acceso a servicios básicos como agua, espacios para asearse o recibir la luz del sol”.
La Comandancia General de la Policía de Yaracuy es un centro de detención preventiva construido hace más de 63 años, al igual que otras sedes policiales regionales sus calabozos dejaron de ser centros transitorios de detención y desde hace años albergan a presos que deberían estar en los retenes y prisiones nacionales.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo recabar testimonios de reclusos que llevan más de 5 años recluidos en este lugar, lo que ha derivado en una crisis de hacinamiento, lo acarrea contagio de enfermedades , hambre y violencia, entre otros males.
Citan como ejemplo que en la Comandancia General de Yaracuy los privados que sufren de tuberculosis son cada vez más, “es una de las comandancias con más alto índice de contagio de la enfermedad”.
No solo cobran, establecen fechas límites de pago
“Mi hijo asumió su condena, le dieron 6 años y cumplimos con todo el proceso para la redención de pena, todavía esperamos. Tiene 5 años privado de libertad”, comentó la madre de uno de los privados al que le cobran 200 dólares por permanecer en la celda VIP.
En una comunicación los familiares indicaron que a los reclusos se les está exigiendo el pago de 2.600 dólares para disfrutar de esos beneficios. El pago corresponde a 200 dólares por cada recluso, el pago debe hacerse en dos partes y el primero debe realizarse el próximo jueves, de lo contrario serán desalojados y reubicados en celdas con peores condiciones.
El monto aumentó de 50 a 200 dólares por recluso, pero no es el único cobro que se les exige. Los familiares además deben pagar por el acceso al agua potable, ver la luz del sol y paquetería.
En horas de la noche de este martes 16 de noviembre, una fiscal del Ministerio Público coordinó el traslado de los reclusos al Centro de Coordinación Policial del municipio Cocorote para resguardar su integridad física. Al tiempo que los familiares claman para que no haya represalias por las denuncias contra los funcionarios policiales.
