Inició la Semana Santa y los maestros del municipio Caroní solo recibieron un bono de 12,50 bolívares por parte del Ministerio de Educación, lo que fue considerado por muchos como una burla hacia los profesionales de la enseñanza. El magro monto, denominado “bono cultural”, generó frustración e indignación entre los educadores, quienes lo califican de insuficiente para cubrir cualquier necesidad básica.
La profesora Carmelis Urbaneja, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en Caroní, confirmó que ese fue el monto depositado el pasado 10 de abril. “El Ministerio de Educación sí nos pagó un bono, pero fue de 12,50 bolívares. ¿Qué puede hacer un maestro con eso? ¿A dónde puede ir? Esto no alcanza ni para un helado tradicional. Es una falta de respeto hacia los educadores», expresó.
Además del bono irrisorio, Urbaneja denunció que persiste el problema de salarios suspendidos para un grupo importante de trabajadores del sector educativo. Según indicó, algunos docentes y personal administrativo llevan más de 12 quincenas sin cobrar.
“Hemos estado reclamando constantemente esta situación. A raíz de nuestras exigencias, en marzo les cancelaron a unos 1.400 trabajadores, entre docentes y administrativos, pero ese mismo 10 de marzo suspendieron el salario de otros. Quedaron en pagarles en la quincena pasada y no lo hicieron. Esto no tiene justificación”, señaló.
La presidenta de FVM Caroní agregó que ha sostenido reuniones con representantes del Ministerio de Educación para plantear la situación, sin obtener respuestas concretas. “Me he reunido con César Román, con el profesor Emilio Aguilar, hemos ido como sindicato a la sede del Ministerio, hemos hablado con la viceministra, pero aún no les han pagado. Estas personas viven de lo poco que ganan, muchos son padres y madres de familia, algunos incluso pagan alquiler”.
Urbaneja advirtió que entre los afectados también hay obreros, quienes, a pesar de no recibir su salario, están obligados a asistir a sus instituciones para evitar sanciones administrativas. “Lo peor es que si no van a trabajar, les pueden abrir un procedimiento. Por eso seguimos esperando que alguien se pronuncie y, sobre todo, que les paguen lo que les deben”, concluyó.
Yanitza Martínez.-
