Este lunes la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet presentó una actualización del informe que realizó sobre la situación de Venezuela el pasado mes de julio.
En el nuevo documento, Bachelet mantiene su preocupación por el deterioro de la economía y lo inaccesible que se ha convertido para los venezolanos poder comprar alimentos.
Bachelet dijo que sigue empeorando la crisis económica y social en el país, que ha obligado a 4,3 millones de venezolanos a abandonar el país y que se ha convertido en el caso de hiperinflación más grave experimentado en Latinoamérica.
Si en junio el salario mínimo mensual equivalía a 7 dólares hoy representa sólo 2 dólares, «lo que significa que una familia necesitaría el equivalente a 41 salarios mínimos para cubrir la canasta básica familiar».
En este ámbito, la alta comisionada reconoció el impacto que están teniendo las sanciones de Estados Unidos en el agravamiento de la situación económica, cuestión que ya había abordado en el informe pasado.
Pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera está teniendo ya un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas.
Asimismo, el informe de Bachelet hace hincapié en la situación de 400.000 personas que sufren de enfermedades crónicas y que tienen acceso limitado a medicinas y tratamiento, mientras que 39 enfermos -incluyendo niños y niñas- esperan viajar al extranjero para recibir trasplantes, dentro de programas públicos.
De igual forma, resaltó que la dolarización de la economía incrementa las desigualdades sociales y agregó que las fallas de los servicios públicos impactan en la población, en especial del estado Zulia.
Bachelet denunció que la fuerzas de acciones especiales, FAES, siguen actuando bajo el mismo patrón que denunció en su informe de julio pasado y agregó que no ha recibido información oficial de que el gobierno acatará sus recomendaciones al respeto.
Bachelet destacó que el gobierno ha liberado 83 personas detenidas que habían sido incluidas en su informe y acotó que están pendiente la liberación plena de la jueza Afiuni y el periodista Braulio Jatar.
»El Gobierno también se ha comprometido a establecer un mecanismo para atender casos individuales, y mi Oficina ya ha remitido 27 casos prioritarios que esperamos se resuelvan pronto. Asimismo, las autoridades nos han comunicado las medidas recientemente adoptadas para aliviar la situación médica de algunos detenidos. Además, el Gobierno está avanzando con respecto a su invitación al país a diez Procedimientos Especiales en los próximos dos años», dijo.
La Oficina de la alta comisionada en Ginebra ha recibido del Ministerio Público de Venezuela información general que indica que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019, 104 miembros de las fuerzas de seguridad fueron condenados por violaciones de derechos humanos.
Diálogo
Bachelet afirmó que sigue abogando por un diálogo político en el país.
Reitero mi llamado tanto al Gobierno como a la oposición para que superen sus diferencias y den prioridad a la negociación que considero como la única manera para poder superar la actual situación. Una vez más expreso mi disponibilidad y la de mi oficina, fuera y dentro del país, para acompañar todos los esfuerzos que contribuyan a superar la actual crisis que afecta a millones de venezolanos. Apoyo el espacio facilitado por el reino de Noruega, así como las diversas iniciativas de dialogo que la comunidad internacional está impulsando.
EFE/Unión Radio
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